El Voto No Tiene Pasaporte
El voto no tiene
pasaporte
Anular los votos de los peruanos en el exterior porque no le favorecen a un candidato no es un recurso legal: es un acto de desesperación que amenaza el principio más elemental de la democracia.
Hay una verdad que toda democracia aprende antes de ser democracia: el voto de un ciudadano no vale más ni menos según el suelo que pisa. No importa si ese ciudadano está en Huancavelica o en Tokio, en un pueblo sin carretera de la sierra ayacuchana o en un departamento de Manhattan. El sufragio es igual porque la ciudadanía es igual. Es, de hecho, la única igualdad que ningún estado puede quitarle al ser humano sin dejar de ser democrático.
Por eso resulta tan grave —y tan revelador— lo que ocurre en el Perú de estos días. El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ha anunciado que pedirá la anulación de todos los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero. El argumento técnico es un cambio en el procedimiento de traslado de actas consulares: en la primera vuelta se digitalizaron en las sedes diplomáticas; en la segunda se transportaron físicamente a Lima. Sánchez llama a eso una ruptura en la cadena de custodia.
El argumento sería atendible si hubiera sido planteado antes de conocer los resultados. No lo fue.
Ni Sánchez ni su partido objetaron ese cambio de procedimiento antes del 7 de junio, día de la votación. Las principales misiones internacionales de observación electoral no han señalado irregularidad grave alguna. El Jurado Nacional de Elecciones ya rechazó los recursos para anular más de 2,000 mesas de sufragio. Y el constitucionalista Aníbal Quiroga lo dijo con precisión quirúrgica: "Sería inconstitucional, peyorativo y discriminatorio desconocer el voto de un peruano solo porque el resultado no conviene."
Los números no mienten. Fujimori ganó en el exterior con una ventaja de casi 78,000 votos. Sánchez lidera el cómputo del territorio nacional. En una elección que se decide por 41,633 sufragios, la diáspora fue la diferencia. Eso no es una irregularidad: es el resultado. Y el resultado, en democracia, no se borra porque no guste.
El patrón que muestran los datos es claro y consistente a lo largo de la historia electoral peruana reciente:
El peruano que emigró no dejó de ser peruano. El que trabaja en un restaurante de Santiago, el que cuida ancianos en Madrid, el que opera maquinaria en Florida, el que creció en Osaka con sangre de los Andes: todos ellos siguen con ojos atentos lo que ocurre en el país que dejaron o del que huyeron. Muchos envían remesas que sostienen familias enteras. Muchos planean regresar. Muchos nunca dejaron de votar.
Desconocer su voto es decirles que salir del país los convirtió en ciudadanos de segunda. Que su sufrimiento en el exterior no cuenta. Que votaron en vano.
La demanda de amparo presentada por el abogado aliado de Pedro Castillo busca exactamente eso: que el Poder Judicial anule todos esos votos sin siquiera notificar a cada uno de los afectados. El constitucionalista Quiroga lo señaló: "Habría que emplazar a cada uno de los peruanos en el exterior cuyo voto se quiere anular porque no podría quitarse el derecho de una persona sin que haya sido citada en el proceso." No es viable. No es constitucional. No tiene ningún sustento que no sea la conveniencia del momento.
Lo que sí tiene sustento —y merece atención— es revisar si el cambio de procedimiento en el traslado de actas fue adecuado, si la cadena de custodia fue la correcta, y si la ONPE actuó con transparencia. Esas son preguntas legítimas que las instituciones electorales deben responder con claridad. Pero una cosa es pedir explicaciones sobre el procedimiento y otra muy distinta es pedir que se anulen los votos de cientos de miles de ciudadanos que hicieron colas en consulados, que manejaron horas para llegar a votar, que ejercieron su derecho con plena conciencia.
El Perú ha vivido crisis electorales antes. Ha sobrevivido fraudes reales, impugnaciones políticas, presiones militares y demagogias de toda clase. Lo que no puede sobrevivir es la normalización de la idea de que un voto puede anularse porque incomoda. Que una derrota puede convertirse en victoria con solo borrar a los que votaron diferente.
El JNE tiene la última palabra. Que esa palabra sea digna de un país que se respeta a sí mismo: que rechace esta demanda con la firmeza que merece, proclame al ganador con los votos tal como fueron emitidos —todos ellos— y le recuerde al Perú que la democracia no es el resultado que queremos, sino el proceso que honramos.
El voto de un peruano en Osaka vale exactamente lo mismo que el de un peruano en Oyón. No tiene pasaporte. No tiene dirección. Tiene nombre, tiene historia y tiene el mismo peso que cualquier otro.
